¿Puede el Estado de Bienestar sobrevivir?

En 2016 el Estado de Bienestar parece a la vez más inalcanzable y más necesario que nunca. Ante el limitado éxito de las medidas de austeridad y las persistentes cifras de desempleo necesitamos un nuevo modelo que inspire esperanza y confianza. Instrumentos de garantía de ingresos -como la renta básica o el capital básico- suponen una interesante alternativa, aunque su implementación no está exenta de dificultades.

Los retos a los que se enfrenta el Estado de Bienestar hoy pueden parecer insuperables. El envejecimiento de la población, la globalización y los nuevos riesgos sociales, multiplican las demandas al sistema de protección social. A su vez, la crisis económica y la lenta recuperación han hecho disminuir los ingresos, llevando la deuda pública a niveles históricos. El modelo de Estado de Bienestar tradicional, basado en el pleno empleo, no parece sostenible.

En Europa, la principal respuesta política a esta situación han sido la consolidación fiscal y las políticas de austeridad. Ocho años después del inicio de la crisis, este modelo ha cosechado pocos éxitos. Las cifras de crecimiento son modestas, a su vez las cifras de desempleo, pobreza y desigualdad se mantienen en máximos históricos (ver por ejemplo el último informe de Oxfam). La creciente desigualdad económica es preocupante, no solo por razones morales, sino también porque reduce el crecimiento económico a largo plazo, pone en entredicho la igualdad de oportunidades y lleva al desperdicio de talento cuando los jóvenes de entornos menos desfavorecidos no pueden desarrollar su potencial. Lejos de ser un lujo que no nos podemos permitir, el Estado de Bienestar es un elemento clave para asegurar el crecimiento económico, el funcionamiento del sistema democrático y la cohesión social.

Solucionar la aparente contradicción entre la creciente deuda pública y la necesidad de una red de protección social requiere de propuestas políticas valientes, que responden a los nuevos retos y renueven la confianza en lo público. En su reciente libro, ¿Puede el Estado de Bienestar sobrevivir? el catedrático Andrew Gamble analiza esta disyuntiva y propone la introducción de medidas universales de garantía de ingreso. Un ejemplo sería la renta básica universal -garantizada a todos los ciudadanos- ya sea incondicional, o condicionada a la participación en actividades con valor social como el cuidado o el voluntariado. Otra alternativa es el capital básico, un pago único a todos los ciudadanos y ciudadanas al alcanzar la mayoría de edad, financiada a cargo del impuesto de sucesiones.

El objetivo de estas medidas es reducir la dependencia de la ciudadanía en el mercado laboral. La idea de separar trabajo e ingreso a menudo genera resistencia. Se teme que garantizar un ingreso, aunque sea mínimo, puede fomentar la pereza. El contra argumento es que la seguridad financiera fomenta el desarrollo de proyectos propios al permitir a los individuos tomar más riesgos respecto a su formación y trabajo. La evidencia empírica en una u otra dirección es limitada. No existe evidencia de que la extensión de medidas de protección social genere una cultura de dependencia. A su vez, dado que existen pocas experiencias de renta básica la evidencia es limitada. El experimento de Manitoba en Canadá encontró limitado impacto de la medida en la participación en el mercado laboral a la vez que significativos beneficios en salud. La Unión Europea ha señalado su interés en este tipo de medidas mediante la financiación de programas piloto en varias ciudades Europeas, incluida Barcelona.

La aplicación de medidas de garantía de ingreso no está exenta de dificultades. La implementación de una renta mínima requiere que la ciudadanía acepte los beneficios, y también los costes, de altos niveles de transferencias y también de impuestos. El contexto español presenta retos específicos. La falta de confianza en la provisión pública -ligada en parte a la corrupción – la fragmentación política y territorial, y la creciente desigualdad económica dificultan el consenso político necesario para implementar una reforma de este calado.

La realidad es que no hay respuestas sencillas. El modelo en que se basó el Estado de Bienestar -de pleno empleo y sociedades uniformes – ya no existe. Debemos crear respuestas nuevas adecuadas a las circunstancias y necesidades actuales. Más allá de discusiones técnicas, son necesarios nuevos modelos de gestión de lo público que permitan garantizar derechos mínimos. La alternativa es una sociedad desigual, con limitado crecimiento económico y creciente polarización social. Y ese si es un lujo que no nos podemos permitir. Empecemos pues, a considerar las alternativas.